La Audiencia Provincial de Teruel juzgará mañana a un matrimonio natural de Gambia por haber practicado o consentido la ablación a su hija, convirtiéndose así en el primer caso de mutilación femenina que llega a los tribunales en Aragón y uno de los primeros en España.

La fiscalía ha propuesto una pena de seis años de prisión para los progenitores de la menor, según ha informado a Efe el abogado de la defensa, Félix Gil, quien solicita la libre absolución de sus clientes. La ablación de la niña se produjo presuntamente el año pasado, cuando la menor aún no había cumplido un año.

La ablación femenina consiste en la extirpación total o parcial de los genitales externos por motivos culturales y no terapéuticos. UNICEF estima que 70 millones de niñas y mujeres han sido sometidas a la ablación en África, aunque en los últimos años ha aumentado en Europa, Australia, Canadá y Estados Unidos como consecuencia de la inmigración. Esta práctica produce daños irreparables y puede causar la muerte, así como el contagio de sida y hepatitis, infecciones agudas y septicemia, entre otras enfermedades.

A largo plazo es causa de infertilidad, infecciones crónicas, relaciones sexuales dolorosas y puede conllevar complicaciones durante el embarazo y el parto, tanto para las mujeres como para los recién nacidos. 

Por ello, numerosas asociaciones y organizaciones no gubernamentales luchan contra esta práctica atroz, también perseguida en numerosos países europeos gracias al “Convenio europeo para la lucha contra la violencia doméstica y hacia la mujer y su prevención”, firmado el 11 de mayo de este mismo año por 20 estados miembros del Consejo de Europa. En el texto del acuerdo se prevén medidas contra la violencia física y sexual, los matrimonios forzosos, la ablación del clítoris y los crímenes de honor, además de hacer hincapié en los elementos de prevención y educación contra el sexismo.

En España, la mutilación genital femenina está penada con hasta 12 años de prisión y la retirada de la patria potestad de la menor.