Este texto exige al Gobierno que reforme las leyes de Reproducción Humana Asistida y de Investigación Biomédica, a fin de “adaptar el ordenamiento jurídico español a la normativa comunitaria”.

Para ello, los firmantes aluden a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Supremo alemán, a propósito de una denuncia de Greenpeace.

En su resolución, el Tribunal de Luxemburgo excluye la posibilidad de “registrar en toda Europa patentes cuyas investigaciones hayan implicado la manipulación y destrucción de embriones humanos, así como la utilización de éstos con fines comerciales e industriales”.

“Nuestra legislación autoriza la selección genética de embriones, la destrucción de los embriones sobrantes de ciclos de fecundación in vitro o la posibilidad de utilizarlos para investigación e incluso la clonación”, destacó el manifiesto, algo que podría entrar en contradicción con dicha sentencia, agregó.

El presidente de la Asociación Madrileña de Bioética, José Jara, defendió la necesidad de reformar la ley de reproducción asistida, para que “se extraiga el mismo número de embriones que después se implantarán en la madre”. De este modo, se evitará la congelación sine die de los embriones sobrantes y su posterior destrucción, dada la imposibilidad, además, de comercializar con ellos, agregó.

En cuanto a la investigación biomédica, Jara apostó por el empleo de células madre adultas en lugar de las embrionarias, que según afirmó “han resultado mucho más eficientes y seguras”. “Llevamos casi 12 años de investigación con células madre embrionarias con resultados francamente decepcionantes”, declaró, ya que su aplicación para la medicina regenerativa en humanos “ha sido imposible”, apuntó.

“La indiferenciación que en un principio abrió tantas esperanzas” conlleva una alta probabilidad de desarrollar tumores y “obliga a tratamientos inmunodepresores de por vida (como en los trasplantados)”. Además, agregó, “existen alternativas más fiables que no presentan ningún problema ético, como las células madre adultas y las pluripotenciales adultas (células normales que se pueden reprogramar)”.

El presidente de CIVICa (Asociación de Investigadores y Profesionales por la Vida), Nicolás Jouvé, afirmó, por su parte, que parece “incomprensible que el 80% de los fondos para la investigación en medicina regenerativa se dediquen a proyectos que no dan ningún resultado práctico”.

Consideran que la preponderancia de la investigación con células madre embrionarias “se debe a que llegaron primero y generaron muchas expectativas” y a que, “al no pertenecer a nadie, los laboratorios vieron una oportunidad de negocio con la comercialización de sus patentes”.

Defienden que la sentencia del Tribunal de la UE acaba con esta posibilidad y no tiene sentido seguir destinando fondos públicos y privados a proyectos que, además, no se van a poder patentar en Europa.

El manifiesto se presentará en pocas semanas a Gobierno y partidos políticos, y desde este sábado está abierto al conjunto de la ciudadanía para que el que lo desee se adhiera a sus propuestas.