La memoria del organismo lamenta el “gravísimo problema” que sufren numerosas familias a raíz de la sustracción de menores que tenía como objeto las entregas ilícitas a terceras personas. Al tiempo, se comunicaba falsamente a los verdaderos padres el presunto fallecimiento de los bebés.

Así lo expone la Alta Institución en su informe anual en el que reclama un “tratamiento global” por parte de los Ministerios implicados a los afectados, sin perjuicio de las acciones judiciales concretas que se pueden derivar en cada caso.

Según dice, los colectivos de víctimas cifran en 1.414 el número de causas abiertas en los tribunales por estos hechos. Un dato que, a su juicio, evidencia la “entidad real del problema y la repercusión social” que ha adquirido en la medida en que muchas familias están comenzado a denunciar ahora sus casos.

“Lo que viene a reafirmar la creencia de que no nos encontramos ante hechos aislados, sino que es necesario cuestionarse dónde están esos niños sobre cuyo fallecimiento no se dieron en su momento las debidas explicaciones a sus familiares, a quienes por supuesto no se les dejó ver a los bebés supuestamente fallecidos ni en muchos casos darles sepultura”, remarca.

Los ministros Alberto Ruiz-Gallardón (Justicia), Jorge Fernández Díaz (Interior) y Ana Mato (Sanidad) junto al fiscal general de Estado, Eduardo Torres-Dulce, convocaron ayer, 12 de abril, a las asociaciones de niños robados para escuchar sus demandas y exponerles sus actuaciones.