Las clínicas de reproducción asistida tienen un problema: no saben qué hacer con los embriones que guardan congelados que fueron creados para procesos de fecundación, pero no se han usado. El registro estatal recoge que en estos momentos hay más de 230.000 de estos complejos celulares conservados y que tienen más de dos años de duración, indica José Antonio Castilla, uno de los responsables de mantener estos datos. Y cada año se producen alrededor de otros 50.000.

La modificación de la ley española de reproducción humana asistida de 2003, con un Gobierno del PP, planteaba tres opciones para estos embriones congelados: que se donaran, se usaran para investigar o se destruyeran. La primera de ellas, que se utilizaran por otras parejas con problemas para tener hijos, era la idónea para el legislador de la época: evitaba el dilema de deshacerse de un complejo celular con potencial de convertirse en una vida humana –potencial, ya que aún tendría que implantarse en un útero, anidar y desarrollarse–, pero que evitaba parcialmente las críticas de la Iglesia católica y otros grupos conservadores. Si bien la doctrina de esta religión prohíbe usar estas prácticas, por lo menos se evitaba un pecado mucho peor: destruir lo que para los obispos ya es una vida humana, puesto que así lo consideran desde el momento en que un espermatozoide fecunda un óvulo.

La segunda de ellas era que se usaran para investigar. Las entonces prometedoras posibilidades de las células madre de origen embrionario alentaban esta práctica. No era algo idóneo para la mentalidad predominante en el Ejecutivo de la época, porque implicaba destruir el embrión, pero al menos era con un buen fin: conseguir curas para otras personas.

La tercera era, simplemente, la destrucción del material. Un proceso sencillo (basta con sacar los embriones del congelador), pero que los más conservadores equiparaban con un aborto.

Una década después, la donación no ha dado los resultados esperados. “Solo un 10% de los donantes lo permite”, dice la subdirectora de la Clínica Tambre, Rocío Núñez. Ello no quiere decir que no haya demanda, advierte Castilla, aunque esta solo aliviaría un poco el problema de la acumulación de embriones. Pero resulta que la ley no diferencia entre donantes de embriones o de gametos (óvulos y espermatozoides) por separado, y establece como edad máxima para el proceso los 35 años, cuando, precisamente, las parejas que más acuden a los centros de fertilidad asistida sobrepasan esa edad.

La idea de investigar con ellos ha sido un fracaso absoluto. “En 16 años no ha habido un solo proyecto que los solicite”, afirma Núñez. Aparte del debilitado panorama investigador español, la aparición de otras posibles fuentes de células madre, como la reprogramación de las adultas, ha restado pujanza a esta opción.

Por último “se han destruido muy pocos”, admite Núñez, ya que el proceso exige que hayan pasado 10 años desde la creación de los embriones y el permiso de los donantes, que pasado ese tiempo puede ser que no se localicen o que lo nieguen. “En teoría, nos bastaría con enviar dos burofaxes sin respuesta para considerar que podemos destruir los embriones”, añade esta responsable de una clínica que tiene unos 50.000 embriones sin destino, “pero siempre se piensa qué pasaría si llegara un proyecto de investigación”, afirma. “Es como el pez que se muerde la cola: si no se investiga no sabremos su potencial, cuando si se descubre algo su uso será mucho más rápido y efectivo, con todos los que tenemos”.