Difícilmente habrá un punto medio en una discusión en la que los bandos enfrentados ni siquiera están de acuerdo en los términos del debate. Para unos, la gestación subrogada es un medio de que una mujer lleve a término el embarazo que otras personas no pueden lograr. Para otros, esa idea es un eufemismo. Prefieren seguir usando la expresión vientre de alquiler y considerando que recurrir a esa práctica atenta contra la libertad de la mujer y comercializa su cuerpo. La intensidad de la controversia ha aumentado en los últimos meses. Los artículos al respecto se han incrementado en los medios de comunicación y el asunto ha dado el salto a la agenda política. El PSOE se declaró contrario a la subrogación en su reciente congreso y Ciudadanos ha presentado esta semana una propuesta en el Congreso de los Diputados para legalizarla, lo que ha causado reacciones en contra de Izquierda Unida y Podemos. En Asturias, por el momento, la polémica no ha prendido en la sociedad por falta de voces declaradas a favor de derogar la prohibición.

«Se necesita un debate mucho mayor para llegar a conclusiones. Nos falta mucha información y gran parte de la que circula está sesgada», considera Yosune Álvarez, coordinadora de Xega, el colectivo asturiano de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales. Para empezar, cree que hace falta despejar un error de percepción que, magnificado a veces por la presentación del debate en los medios, presenta la legalización de la gestación subrogada como un objetivo ligado al movimiento LGBT+. «Hay mucha visibilización, quizá porque se habla más de los casos de artistas famosos, y parece que todo el colectivo va detrás. Pero lo cierto es que el 98% de las gestaciones subrogadas se llevan a cabo por petición de parejas heterosexuales. En Asturias, desde luego, no lo movemos. Para nosotros no es una prioridad. No nos vamos a enfrentar con los grupos feministas por ello», apunta.

Las cifras son difíciles de ponderar. Como la gestación subrogada es ilegal en España, ningún organismo público elabora estadísticas oficiales, de manera que los únicos números disponibles son las estimaciones de los defensores de su regulación y de las asociaciones de familias que han recurrido a ella en el extranjero. Según sus cálculos, cada año nacen entre 800 y 1.000 niños de padres españoles gracias a esa técnica.

Estados Unidos, México (en ambos países, la gestación subrogada es legal en algunos estados, aunque no en todo su territorio), Ucrania e India (hasta que su gobierno prohibió a los extranjeros contratar a mujeres indias) son y han sido los destinos a los que recurren la mayoría de los españoles que, en pareja o en solitario, optan por una práctica que puede llegar a ser muy cara. Lo que busca la propuesta de Ciudadanos es que España admita la subrogación altruista, en la que la mujer gestante solo recibe dinero para cubrir la atención médica y los gastos extra causados por el embarazo. El partido también aboga por fijar una renta mínima para evitar que las candidatas se ofrezcan por causas de necesidad económica.

Ese plan lleva camino de estrellarse en el Congreso por falta de apoyos. El PSOE dudó y debatió su postura, pero finalmente se impuso la tesis contraria a la legalización para alegría de su principal defensora, la catedrática asturiana de Filosofía, y miembro del Consejo de Estado, Amelia Valcárcel, que ha estado muy activa en su campaña. «Tras meses de empeño, hemos vencido. El Psoe se declara abolicionista y los vientres de alquiler no pasan», escribió en un tweet el 17 de junio. Esta misma semana, ha vuelto a opinar en su perfil de la misma red social: «El altruismo no consiste en comprar niños ni en alquilar madres, sino en adoptarlos y cuidarlos».

De forma más elaborada, Valcárcel ha expresado su postura en un artículo reciente publicado en El País. En ese texto, la filósofa comparaba el movimiento a favor de la gestación subrogada con el que defiende la prostitución voluntaria. A su juicio, son intentos los sectores de la sociedad con pretensiones patriarcales de explotar en contra de las mujeres los avances del siglo XX en materia de libertad sexual y de control de la reproducción. «Adquiridos por fin los derechos de filiación, custodia y patria potestad, ser madre se convirtió en algo diferente. Y cuando a ello se añadió la libre elección, en algo radicalmente diferente. Sin embargo en el momento presente se pretender comprar y alquilar los cuerpos de las mujeres para que unos terceros tengan hijos, criaturas que a ellas no les pertenezcan. Naturalmente la sacrosanta palabra libertad va a ser de nuevo asociada a esta práctica inmemorial de dominio. Los hijos e hijas siempre han sido del padre o del amo», ha escrito Valcárcel.

La pensadora asturiana y otras portavoces destacadas del feminismo han tomado partido en contra de los vientres de alquiler. Y algunas de las firmas que han respaldado la legalización proceden del activismo gay, aunque en asociaciones como Son Nuestros Hijos, una de las más movilizadas a favor de la gestación subrogada, hay familias de todo tipo. Por eso Yosune Álvarez asegura que Xega no quiere convertir el asunto en una fuente de discrepancias con las organizaciones feministas, como a veces se ha presentado el debate en algunos medios.

Otra voz asturiana, ajena tanto al colectivo LGTB+ como al movimiento feminista, considera apresurada la legalización. El presidente de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI), el doctor Marcelo Palacios, tampoco ve razones para el cambio. El médico gijonés, que fue diputado socialista, presidió la comisión del Congreso que, entre 1984 y 1986, elaboró el informe en que más adelante se basó la primera ley española sobre fecundación in vitro y técnicas de reproducción asistida, aprobada en 1988 y reformada ya en el nuevo siglo. Aquel texto, conocido como informe Palacios, aún se cita hoy por su exhaustividad. Los diputados de la comisión entrevistaron a más de 200 expertos entre médicos, abogados y defensoras de la mujer para redactar unas conclusiones que, al publicarse en forma de libro, ocupaban 175 páginas. «Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna en favor del contratante o de un tercero», dice aún el artículo 10 de la ley. La filiación, además, solo se reconoce en el parto, lo que significa que se adjudica a la mujer que da a luz.

«Mucha gente cree que es una explotación del cuerpo de la mujer con fines comerciales, y es un argumento sólido», recapitula en el 2017 el doctor Palacios. En sus más de 30 años de experiencia y de recopilación de información sobre la materia, asegura que no se ha encontrado con más de dos casos de altruismo indudable en la gestación subrogada: el de una mujer sudafricana que llevó a cabo el embarazo que no podía conseguir su hija y otro de una mujer británica.