Con el fin de “recuperar todos y cada uno de los derechos arrebatados durante la etapa de recortes en el PP”, la ministra de Sanidad, Carmen Montón, reveló este lunes cuál es su tercer objetivo al frente del Ministerio: que las mujeres solteras y las parejas de lesbianas vuelvan a tener acceso a tratamientos de reproducción asistida, como parte de la cartera de servicios públicos. En primer lugar, el Ejecutivo se ha comprometido a que, en seis semanas, devolverá la tarjeta sanitaria ‘sin papeles’, tal como se explicó en el Consejo de Ministros del pasado viernes. El segundo objetivo, que quizá lleve “varios meses”, será la eliminación del copago farmacéutico para los pensionistas, tal como adelantó EL PERIÓDICO. Y, al mismo tiempo, se estudiará que las mujeres sin pareja u homosexuales tengan derecho a tratamientos de fecundación in vitro o inseminación artificial en los centros sanitarios públicos.

En el 2012, la entonces titular de Sanidad, Ana Mato, dejó fuera a ambos colectivos, como medida de ahorro, pero con el pretexto de que “la falta de varón no es un problema médico”. A partir de entonces, se  exigieron “problemas de fertilidad” contrastados para tener acceso a la reproducción asistida. Más adelante se dejó fuera también a las parejas heterosexuales que ya tuvieran un hijo previo. Y en ningún caso se trata a mujeres mayores de 40 años.

La limitación impuesta por Mato provocó que las mujeres solteras u homosexuales se vieran obligadas a recurrir, si disponían de recursos económicos, a los centros privados, donde los tratamientos pueden oscilar entre los 2.000 y los 50.000 euros en los casos más extremos. Por ejemplo, el IVI, la clínica más importante de reproducción asistida, ha recibido un incremento del 106% de consultas en el caso de mujeres solas y del 123% en parejas de lesbianas desde que Sanidad cerró el grifo a este perfil de usuarias. Y eso que algunas comunidades como Catalunya, Madrid o Andalucía las han vuelto a incluir en la cartera de servicios. También Valencia, con Montón como consejera de Sanidad.

Política discriminatoria

En este contexto, la noticia ha sido bien recibida por las afectadas. Rosa Maestro, autora de varios libros e impulsora de la web especializada masola.org, considera que la intención de Montón de recuperar este derecho es una “buena noticia” que entra en la “política de igualdad” que el Gobierno quiere impulsar, dado que fueron los presupuestos y no la ley de reproducción asistida los que dejaron fuera a los colectivos afectados, una política a su juicio “discriminatoria”. Maestro pide además que el Ejecutivo haga campañas informativas y ponga el foco en la fertilidad femenina, dado que las mujeres en España toman cada vez más tarde la decisión de ser madres,  lo que acarrea mayores problemas para llevar sus deseos a cabo.

En cualquier caso, Montón ha solicitado este lunes “paciencia”. “Llevamos unos días, ojalá todo fuera tan rápido como nuestra voluntad política”, ha subrayado. La ministra ha explicado que recuperar la universalidad del sistema en la Comunidad Valenciana llevó “tan sólo 15 días” mientras se tardaron seis meses en suprimir los copagos. “Y en el Gobierno central los plazos son más largos”, precisó, por lo que pidió tiempo para estudiar la situación, junto al Ministerio de Hacienda, y eludió dar plazos. Fuentes de su departamento precisan, no obstante, que se está estudiando que, igual que el PP limitó la sanidad pública en un solo real decreto, el del 16/2012, el Gobierno revierta la situación de una sola vez. Si no es posible, explican, primero se devolverá la tarjeta sanitaria a los inmigrantes y luego se irá “paso a paso”.