El PP ha registrado en el Congreso su texto alternativo a la Ley contra la discriminación del colectivo LGTBI, de Unidos Podemos, en la que no incluyen algunas de las medidas que más debate han suscitado del partido morado, como son la despatologización de la transexualidad o el derecho al acceso a la reproducción asistida a las mujeres independientemente de su orientación sexual.

Los populares, que se abstuvieron en la votación para la tramitación de esta norma, ya anunciaron durante su debate en el Pleno de la Cámara Baja que presentarían su propia ley, porque consideraban que la elaborada junto a la Federación Estatal LGTBI (FELGTBI), «no respeta las competencias» en algunos aspectos. Además, defendieron que su texto propondría «una adecuada protección de los derechos de las personas LGTBI, sin menoscabo de los derechos de otras personas».

Ahora, el PP ha presentado su alternativa que ha calificado como «un verdadero marco de protección» para este colectivo. En el texto se hace hincapié en «el principio de igualdad de trato y de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género del colectivo LGTBI», al tiempo que «establece los principios y medidas destinados a la prevención, corrección, atención y eliminación de toda discriminación por estas causas».

Así, recoge «medidas para luchar contra la discriminación»,así como «acciones positivas para corregir sus efectos y atender a las personas que la sufran, así como a sus familias», especialmente en los ámbitos social, policial, de la justicia, laboral, de la salud, educativo, del deporte, juventud, asilo, cooperación internacional, Fuerzas Armadas y Administraciones Públicas.

Brindar protección a los niños y con discapacidad

Los populares también explican que su propuesta busca hacer efectiva la protección de quienes sufren discriminación, especialmente los más vulnerables, como niños, personas con discapacidad o, entre otros muchos, aquellos quienes padecen discriminación múltiple, asegurando a su vez «el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos, garantizando la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales».

«Esta enmienda persigue la igualdad y la prevención de la discriminación por razón de la orientación sexual y la identidad de género de las personas LGTBI alejándose del adoctrinamiento y de los excesos de la proposición original, dejando claro que el PP siempre ha compartido los principios y valores que recoge la Constitución española, y concretamente el derecho a la igualdad y no discriminación proclamado en el artículo 14 de nuestra Carta Magna», apunta el PP.

Además de las medidas antes mencionadas, el partido en el Gobierno ha eliminado de la propuesta morada la creación de una agencia estatal, con la que se pretendía tener un control del cumplimiento de la norma. En su lugar, los de Mariano Rajoy proponen un Consejo Estatal adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que tendría como objeto tareas de asesoramiento en estas políticas. En él, precisan, estarían presentes entidades, organizaciones y asociaciones LGTBI.

Piden que se respete la «esencia»

El debate de esta enmienda será el segundo examen que pase este texto en el Congreso después de más de una decena de semanas en periodo de enmiendas, ya que su tramitación fue apoyada el pasado mes de septiembre. Esta tardanza ha provocado las críticas de los colectivos y, en especial, de la FELGTBI, impulsora de la norma.

En un comunicado publicado hace semanas, acompañados de otras organizaciones como Amnistía Internacional, la Fundación ONCE, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), o el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la federación llamaba a una aprobación urgente de este texto.

En el mismo comunicado, urgían a los partidos a presentar sus propuestas de enmiendas para mejorar el texto que habías articulado. Sin embargo les pedían que respetaran «al máximo» la «esencia» del mismo.

El PP va a presentar en el Congreso un texto alternativo a la Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social del colectivo LGTBI, una iniciativa legislativa de Unidos Podemos que fue admitida a trámite por el Pleno de la Cámara Baja el pasado mes de septiembre y que lleva meses congelada por sucesivas prórrogas de enmiendas.

El Grupo Popular y Unión del Pueblo Navarro (UPN) fueron los únicos partidos que no votaron a favor de aquel texto impulsado por la Federación Estatal LGTBI. Los populares alegaron durante el debate en el Pleno que se trataba de una norma «torpe en fondo y forma», «chapucera» y «deficiente». Además, criticaron la intensidad con la que proponen «eliminar» cualquier soporte en el que se observe un mensaje discriminatorio.

«Decomiso, destrucción, bloqueo, interrupción, son algunos de los términos que usan», señaló la portavoz adjunta del PP, Marta González, durante la sesión. Fue ella misma, quien entonces ya adelantó sus intenciones de presentar un texto alternativo en el que «se respeten las competencias» en algunos aspectos que presenta la ley y para «una adecuada protección de los derechos de las personas LGTBI, sin menoscabo de los derechos de otras personas».

La norma de Unidos Podemos recoge entre sus principales medidas la despatologización de la transexualidad y la creación de un centro de memoria histórica LGTBI con el que se pretende poner al colectivo en primera línea. El texto también contempla la constitución de varios órganos para garantizar el cumplimiento de la Ley, como el Consejo Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, que, según se propone, debe ser independiente al Gobierno.

La ley también recoge el derecho de todas las mujeres a las técnicas de reproducción asistida en los centros hospitalarios públicos con este tratamiento independientemente de su orientación sexual, así como que se garantice la atención sanitaria sin discriminación a las personas transexuales y transgénero, que se regirá por la autodeterminación de la identidad de género.

Un largo periodo de enmiendas

Del mismo modo, incluye la creación de mecanismos necesarios para que la documentación administrativa y los formularios médicos se adecuen a la heterogeneidad sexo-afectiva y familiar de las personas LGTBI.

Esta propuesta de Ley ha sufrido una decena de aplazamientos durante el periodo de enmiendas a la totalidad, que ha terminado este martes, lo que ha llevado a las organizaciones defensoras de esta norma a exigir la aprobación del texto «con urgencia».

Entre ellas se encuentran Federación Española LGTBI, Amnistía Internacional, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), la Coordinadora Estatal de VIH o la Fundación ONCE.

«Como organizaciones de la sociedad civil, estamos comprometidas a trabajar para la erradicación de todas las barreras que suponen una discriminación y una vulneración de los derechos humanos. Confiando en que el compromiso es compartido, instamos a que los diputados y diputadas del Congreso hagan todo lo que esté en su mano para que la Ley de Igualdad LGTBI pueda entrar en vigor lo antes posible», pedían en un comunicado, en el que también instaban a los partidos a presentar enmiendas que mejoren el texto, pero «respetando al máximo su esencia».

La diputada del PP Marta González ha explicado que la enmienda de su partido a la totalidad de la ley LGTBI se ha presentado para eliminar «preocupantes medidas» que se incluyen en el texto planteado por Podemos, aunque están de acuerdo con los principios de esta normativa. En declaraciones en los pasillos del Congreso, González ha aclarado que en su texto alternativo han eliminado «toda una serie de cosas que han causado evidente preocupación» en distintos ámbitos sociales, como la creación de una agencia estatal de lucha contra la discriminación. Un organismo encargado de aquellas denuncias que se presenten en materia de discriminación, no constitutivas de delito, que serían objeto de sanción por parte de esta agencia «llegando a multas de hasta 48.000 euros», ha advertido.