El martes Portugal se convirtió en el tercer país europeo con la legislación más liberal regulando el uso de la gestación subrogada. Dentro de los 28 Estados miembros de la UE sólo Grecia y Reino Unido permiten este proceso, que ha sido prohibido explícitamente en países como Francia y Alemania, y de manera tácita en España, donde la legislación vigente automáticamente asigna la maternidad a la mujer que da a luz.

A diferencia de otros países que permiten esta opción -conocida en ocasiones como vientre de alquiler-, la legislación lusa destaca por dejar que los extranjeros acedan al procedimiento. En declaraciones a EL MUNDO, Cláudia Vieira, presidenta de la Asociación Portuguesa de Fertilidad explica que “al no hacer mención explícita a los no residentes o no ciudadanos, a efectos prácticos cualquier persona que cumpla con los requisitos médicos establecidos por la legislación puede acceder a la gestación subrogada”.

De esta manera, el país vecino se convierte en una isla de gestación subrogada legal y accesible en pleno suelo comunitario, una envidiable posición de liderazgo al ofrecer una alternativa mucho más atractiva para las parejas europeas que quieran realizar esta técnica sin tener que ir a Estados Unidos, donde los costes del proceso son muy elevados, o a países asiáticos o del este de Europa, en los cuales el procedimiento legal puede ser menos claro.

Más allá de tener la infertilidad diagnosticada por una autoridad médica, el único requisito para participantes extranjeros es que los tratamientos de reproducción asistida se realicen en un centro médico luso y que los documentos legales relacionados con el proceso estén redactados en portugués. Técnicamente, la madre gestante ni tendría que residir en territorio portugués: podría viajar a Portugal sólo para hacerse la evaluación inicial, llevar a cabo los tratamientos, y dar a luz.

Para parejas españolas en particular la comodidad de poder llevar a cabo el procedimiento justo al otro lado de la frontera y sin siquiera tener que vivir ahí durante los nueve meses de embarazo puede suponer un enorme ahorro y alivio en un proceso que a veces resulta extremadamente costoso y estresante. La ley que regula los vientres de alquiler, publicada en el Diario de la República limita el acceso a esta técnica a “situaciones absolutamente excepcionales” para parejas casadas o de hecho, heterosexuales o compuestas por lesbianas.

Sólo contempla esta opción en casos en los que la mujer tenga problemas de fertilidad, que haya nacido sin útero o que haya sufrido una lesión que le impida llevar el embarazo a término. Al ser contemplada como una ley que da respuesta a situaciones de incapacidad médica, las parejas de hombres homosexuales no podrán acceder a este procedimiento, e igualmente quedan vetadas las mujeres que quieren procrear pero evitar el embarazo, como también los hombres solteros que quieran tener hijos. De esta forma, el proceso llevado a cabo por Cristiano Ronaldo, quien recientemente fue padre de gemelos por vientre de alquiler, sigue sin ser legal en su país.

A diferencia de lugares como Ucrania, donde la gestación subrogada funciona como un negocio lucrativo, la ley lusa establece que el alquiler de vientre sólo se podrá hacer de manera solidaria, por lo que la madre gestante no podrá recibir honorario alguno por el servicio y los padres sólo se verán obligados a sufragar los costes médicos del proceso. En la práctica, se está pidiendo que la gestante cargue con el embarazo por buena voluntad.

Un largo y difícil periplo legislativo

La ley de gestación subrogada fue aprobada por la Asamblea de la República hace más de un año, pero han sido necesarios estos últimos 12 meses para trabajar el reglamento detallado de los procesos y llegar a su promulgación y publicación en el Diario de la República. La propuesta de ley, presentada por los diputados marxistas del Bloque de Izquierda (BI), pasó cinco meses en una comisión especial del Parlamento luso; la legislación propuesta dividió a los partidos y produjo reacciones sorprendentes en ambos lados del hemiciclo.

El Partido Comunista Portugués (PCP) se opuso a la propuesta con inusual fervor al considerar que no contemplaba todas sus posibles consecuencias, mientras que el Partido Socialista (PS) dio libertad de voto a sus diputados tras notar que muchos se sentían incómodos con la legislación. Aunque los católicos del Centro Democrático Social – Partido Popular (CDS-PP) manifestaron su oposición en bloque a la ley, el conservador Partido Democrático Social (PSD) sorprendió a muchos al emular la fórmula del PS y también dar libertad de voto a sus representantes, en este caso para que muchos pudieran votar a favor de la ley. Al final, fue aprobada con el apoyo de 24 miembros del partido, entre ellos el del ex primer ministro Pedro Passos Coelho.

Tal y como esperaban muchos observadores políticos, el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa -católico practicante- vetó la ley cuando llegó al Palacio de Belém el verano pasado. Pero, para sorpresa de todos, el jefe del Estado manifestó su oposición no por sus convicciones religiosas, sino como catedrático de Derecho: no rechazaba la legislación por motivos morales, sino porque pensaba que no tenía suficientes mecanismos para garantizar los derechos de todos los implicados. Así, tomando nota de sus dudas específicas, el Bloque de Izquierda hizo las modificaciones necesarias para que el presidente pudiera promulgar la ley una semana más tarde.

Los requisitos

El proceso: Las parejas que quieran acceder al proceso deben ir a un centro de reproducción asistida -público o privado- que acredite la infertilidad de la mujer. Todos los procesos de fecundación se harán en Portugal y la documentación estará en portugués.

La gestante: Las madres gestantes (no cobrarán) tienen que haber dado a luz a por lo menos un hijo vivo en el pasado y sólo podrán ejercer de vientre de alquiler dos veces. Serán menores de 45 años y se someterán a un examen psicológico. Se hace una petición al Centro Nacional de Reproducción Médicamente Asistida y se solicita el visto bueno de la Orden de los Médicos, que decidirá en 60 días. Tienen derecho a ir al obstetra de su elección, y es su decisión el tipo de parto que se llevará a cabo, como también el sitio donde tendrá lugar, y acompañamiento psicológico antes y después del proceso.

Acceso: La ley es para parejas casadas o de hecho, lesbianas o heterosexuales, nativas o extranjeras.