Skip to content

Más de 800.000 parejas españolas con problemas de fertilidad hacen cola en la Sanidad pública



Noemí conoció a su marido Manuel cuando tenía 30 años. Casi desde el primer día lo tuvieron claro: “Queríamos formar una gran familia”», recuerdan emocionados. Tras dos años de intentos fallidos de quedarse embarazada (de eso hace ya cuatro años), la pareja descubrió que su sueño podría no cumplirse si no pedían ayuda. “Nos hicimos unas pruebas en una clínica privada para ver si teníamos algún problema de fertilidad. El ginecólogo nos aconsejó en aquel momento la reproducción asistida. Decía que era muy difícil que nos quedáramos embarazados de forma natural”, confiesan.

Unos días después, Noemí y Manuel visitaron a su médico de cabecera y este los derivó al especialista de infertilidad del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Las pruebas confirmaron que Manuel tiene problemas de fertilidad. “Tiene pocos espermatozoides y muy vagos”, cuenta Noemí junto a su marido. El médico les recomendó la fecundación in vitro (FIV) y descartó la inseminación artificial porque, según el especialista, no iba a ser eficaz. Hasta aquí transcurrieron seis meses.

Fue entonces cuando comenzó la larga espera de esta pareja. “La Unidad de Fertilidad del Hospital Vall d’Hebron nos dijo que nos enfrentábamos a cuatro años de lista de espera. Luego nos explicaron que podía ser mucho antes, incluso en un año, pero que no nos lo podían asegurar”, cuentan indignados.

Cansados de no saber nada del asunto, Noemí y Manuel, tras dos años y medio en lista de espera, pidieron cita el pasado mes de octubre para obtener información.  “Nos recibieron hace unas semanas [en marzo, cinco meses después] y nos explicaron que estaban llamando a los inscritos a principios de abril de 2007 y que nosotros éramos de mediados de 2009. Es decir, dos años y medio más de espera, en teoría”, cuenta entre lágrimas Noemí.

Cinco años de proceso

Si se cumplen las previsiones del Hospital Vall d’Hebron los llamarían cinco años después de haber iniciado el proceso. “En esa época tendré 37 años largos y a los 40 la Seguridad Social ya no paga este tratamiento. Además, cuantos más años pasen más problemas tendré para quedarme embarazada. No es justo que se me vaya a pasar el arroz por culpa de las listas de espera, cuando yo quería ser madre a los 30 años. Nosotros no podemos pagarnos una clínica privada”, lamenta Noemí.

20 minutos se puso en contacto con el servicio de Salut de la Generalitat para conocer el motivo del retraso en el tratamiento de Noemí y Manuel. La Administración catalana admitió el exceso, si bien lo limitó exclusivamente al Hospital Vall d’Hebron: “En el resto de centros públicos las listas de espera son mucho menores”. Fuentes del propio Vall d’Hebron justifican el retraso (cinco años de lista de espera) alegando que hay prioridades más urgentes.

Más de 800.000 parejas españolas necesitan ayuda médica para poder concebir, según la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). Las interminables listas de espera de la sanidad pública (339 días de media, según la SEF) hacen que la mayoría termine optando por ir a la privada, que no tiene el problema de las listas de espera, pero, eso sí, el tratamiento cuesta entre 4.000 y 6.000 euros. Dos tercios de los 50.000 ciclos de fecundación in vitro que se hacen en España cada año se efectúan en centros privados.

El problema de las parejas que quieren ser padres y no pueden se agudiza según la comunidad en la que residan. De hecho, en algunas regiones el tratamiento sobrepasa los tres años. En el caso de Noemí y Manuel, que viven en pleno centro de Barcelona, podría llegar a los cinco años. Las principales dificultades: la falta de centros públicos, como ocurre en Cataluña (ver tabla), y las altas tasas de población. En este último caso se encuentra Madrid, según la SEF.

Hay verdaderas complicaciones en las regiones del Mediterráneo, sobre todo en la Comunitat Valenciana. Además, hay diferencias abismales entre provincias de una misma comunidad. Este problema se agudiza en Andalucía. Por otro lado, en las regiones donde no hay centros públicos el Gobierno autonómico firma convenios con las clínicas privadas para prestar el servicio, como ocurre en Murcia.