La Asociación Portuguesa de Fertilidad ha pedido hoy al Constitucional luso que se ponga en el lugar de los solicitantes de un vientre de alquiler antes de decidir si finalmente los anula, tal y como apunta la prensa lusa que sucederá.

“¿Y si fueran sus hijas? ¿Mantendrían la misma posición?”, se pregunta hoy la presidenta de la asociación, Cláudia Vieira, en una carta abierta al alto tribunal.

Vieira, que se declara “en shock e incrédula” ante la posibilidad de que se ilegalicen los vientres de alquiler, cuya norma está en vigor desde el pasado agosto, interpela a los magistrados para preguntarles si creen “justo acabar con los sueños de estas personas”.

“Nunca pensé que, después de que la ley haya sido publicada y de que el primer caso haya sido además aprobado, estaríamos debatiendo estos argumentos. ¿Han pensado en esta pareja, que ya realiza los tratamientos de fertilidad y que recibe, ahora, esta noticia?”, cuestiona en relación al primer caso que ha contado con luz verde.

Se trata de una joven de 30 años que no tiene útero y que presentó como gestante a su madre, la futura abuela del bebé; una prueba, afirma Vieira, del “altruismo” que rodea a esta medida.

Según el semanario luso Expresso, en el Constitucional hay una mayoría favorable a la anulación de la ley, algo que a juicio de Vieira “sería demasiado malo” para las parejas que necesitan la gestación de sustitución para ser padres biológicos y “también, demasiado malo para la democracia”.

La presidenta de la asociación recuerda además a los magistrados que “sus convicciones personales, políticas y religiosas quedan al margen cuando tienen que tomar una decisión”, y que vivir en democracia “significa no imponer nuestro modo de vida a otros”.

El acceso a los vientres de alquiler en Portugal está permitido a las mujeres con problemas de fertilidad que hayan nacido sin útero o con alguna lesión que les impida quedarse embarazadas.

La madre gestante no puede recibir ningún pago, a excepción de la cobertura de los gastos médicos, y tiene limitado el contacto con el bebé al “mínimo indispensable” tras su nacimiento, ya que en todo caso prevalece la relación con la madre genética.

Tras ser vetada en su primera versión por el presidente luso, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, el Parlamento aprobó una nueva ley que obtuvo el apoyo de socialistas, marxistas, ecologistas y 20 diputados del partido de centro derecha PSD, que ha acabado por llevar el asunto al Constitucional con el democristiano CDS.

En caso de que finalmente la ley se anule, podría quedar en el limbo la situación de las siete parejas que hasta ahora han solicitado formalmente el uso de un vientre de alquiler, una de ellas de nacionalidad española. EFE