La gerente de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León en Burgos, Marian Paniego, ha confirmado a EL MUNDO que el jueves, se hicieron con la tutela de los menores.

La decisión se ha tomado al comprobarse que se había incumplido un “requisito fundamental” de los compromisos que la madre adquirió a la salida del hospital. Paniego ha recordado que la mujer se comprometió a participar en un programa de intervención familiar para garantizar que los niños tuviesen cubiertas sus necesidades básicas y estuviesen seguros.

Además, aceptó cumplir con una serie de medidas relativas a las necesidades de atención, sanitarias y de estimulación, y a contar con apoyo para atender a los menores y gestionar su domicilio. De hecho, a la salida del hospital la madre había contratado a una persona para el apoyo durante las 24 horas del día; sin embargo, ahora se ha detectado un incumplimiento de este compromiso.

La gerente de Servicios Sociales ha insistido en que se trata de un “requisito fundamental” y, en virtud de las competencias que le otorga la Ley, la Junta ha asumido la tutela.

Se han detectado condiciones que generan “cierto riesgo” para los menores, ha explicado, que son especialmente vulnerables al contar con menos de dos meses de vida. De este modo, los Servicios Sociales de la Junta tienen ahora la tutela de los niños, que pasarán a una familia de acogida por medio del procedimiento habitual.

La situación se revisará en seis meses

Marian Paniego ha asegurado que la situación es reversible, dado que la madre continuará con el programa de intervención familiar, en el que se trabajarán sus habilidades para sumir su responsabilidad.

Serán los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, a través del Programa de Apoyo a Familias, los que se encargarán de realizar el seguimiento durante los próximos meses. Sin embargo, estarán supervisados por los técnicos de Protección a la Infancia de la Junta de Castilla y León, quienes informarán y realizarán intervenciones periódicas.

De entrada, la decisión de retirada de la tutela se revisará en el plazo de seis meses, un tiempo “prudencial” para ver la evolución de la madre, y lo habitual en este tipo de casos. Si cumple con los requisitos del programa de intervención, se le podrá devolver la tutela de los menores, ya que “no tenemos por qué pensar que no vaya a colaborar”, ha insistido Paniego.

La decisión de la Junta de Castilla y León ha sido comunicada a la Fiscalía de Menores, como encargada de vigilar la actuación de las administraciones.

La gerente de Servicios Sociales ha recordado que comenzaron a supervisar el caso de la mujer de 64 años cuando se enteraron, a través de los medios informativos, del nacimiento de los niños en febrero. La Junta ya le había retirado la custodia de su hija mayor hace dos años, ahora tiene seis de vida, tras detectarse un caso de “desamparo”, y ahora reside fuera de España, en Canadá, con familiares de la madre.

Durante el tiempo que madre e hijos estuvieron en el hospital, los Servicios Sociales se coordinaron con el centro sanitario para evaluar si estaba en condiciones de asumir la responsabilidad. Los informes de los técnicos de Protección a la Infancia y de los médicos determinaron que la mujer podía ocuparse de los niños, pero que requería de apoyo diario.

Ahora se ha comprobado que ha incumplido el compromiso adquirido en este sentido, lo que pone a los menores en “riesgo”, y la Junta ha tomado esta decisión, “que no es definitiva”. Por lo que respecta a la hija mayor, la justicia ha vuelto a dar la razón a la Junta, ratificando la decisión de retirada de la custodia, al comprobar que “habían agotado las posibilidades”.

El vienes por la tarde, la noticia aún no había llegado al pueblo burgalés de Palacios de la Sierra, donde Mauricia reside. “Cuanto antes mejor”, dicen en su entorno cuando comentamos que le han retirado la custodia de los gemelos. “Es peor como lo hicieron la otra vez, que esperaron a que la niña tuviera tres años, lo que supuso un enorme sufrimiento tanto para la madre como para la niña”, añaden refiriéndose a las primera hija que tuvo Mauricia, que también le fue retirada y que actualmente vive con una sobrina en Canadá. Mauricia, que ostenta el récord de ser la segunda mujer de más edad en dar a luz en España, no ha vuelto a su pueblo desde que se marchó a Burgos para dar a luz. Hace aproximadamente tres semanas recibió el alta hospitalaria y se instaló con los recién nacidos, cuentan en Palacios de la Sierra, en un apartamento de su propiedad en Burgos. Mauricia compró este piso después de que le retiraran la custodia de su primera hija, hace dos años. La niña estuvo un año a cargo de los servicios sociales en Burgos, tiempo durante el cual la madre tenía permitidas las visitas, de ahí que Mauricia, que tiene una situación económica bastante saneada, comprara un piso en la ciudad para estar cerca de ella. “Nos dijeron que le habían puesto un asistente social para que le echara una mano, pero el comentario en el pueblo es que le iba a durar poco, porque Mauricia, en cuanto se le lleva la contraria, te echa a la calle”, dicen en su entorno.

El protocolo habitual en estos casos en los que se duda de la idoneidad de la madre o padres para cuidar de los hijos es incluirlos en un programa de integración familiar con el fin de tratar de evitar la separación. La madre recibe así apoyo de los servicios sociales, ayuda profesionalizada para proteger al niño y apurar a los padres. Esto incluye la presencia en el domicilio durante determinados momentos del día de una persona que ayuda con los cuidados del bebé (los bebés en este caso) e indica al progenitor/es cuáles son las conductas correctas a adoptar respecto a los niños. “si se los han retirado es porque no ha cumplido los objetivos”, explica una persona conocedora de este programa

Fuentes cercanas a Mauricia aseguran que la resolución es recurrible y se recurrirá por la vía judicial. “Se ha declarado el desamparo de dos menores y para eso tiene que haber unas evidencias”, aseguró a este diario el abogado de Mauricia, Juan Carlos Saiz. “En la resolución dice que no acudió a la cita del Plan de Integración Familiar (PIF), pero no se cuenta que ella no pudo acudir porque había un vendaval ese día en Burgos que se lo impedía y llamó por teléfono para cambiar la cita. Y en todo caso, ¿no acudir en una ocasión al PIF es motivo para declarar un desamparo? Yo no creo que proceda”, dijo.