Un juez del Condado de White, en Tennessee, está planteando a la población carcelaria un dilema doloroso: si renuncian a tener descendencia podrán ganar un mes de libertad. Sam Benningfield, el juez encargado de las cuestiones civiles en la ciudad de Sparta, pretende que los varones se hagan la vasectomía y que las mujeres se implanten una varilla anticonceptiva.

Hasta el momento ha logrado controlar la natalidad de 32 reclusas, que aceptaron colocarse en sus brazos la varilla Nexplanon –libera hormonas anticonceptivas en el organismo y previene el embarazo durante 4 años– a cambio de ganar 30 días de libertad. Por su parte, 38 presos varones están a la espera de someterse a la operación de vasectomía, una intervención quirúrgica orientada a la esterilización permanente que se puede revertir en el 90% de los casos.  

Ambos servicios se prestan gratuitamente en instalaciones públicas del estado de Tennessee. Pero, ¿qué sentido tienen? Así lo explica su impulsor: “Espero animarles a que asuman responsabilidades, y darles una oportunidad, cuando salgan libres, de no cargar con hijos. Eso les permitiría la posibilidad de empezar de nuevo”.

El programa propuesto por Benningfield no ha tardado en encontrar detractores. Es el caso de la Unión por los Derechos Civiles de los Estados Unidos (UCLA), que denuncia: “Ofrecer una presunta elección entre pena y anticoncepción o esterilización forzadas es inconstitucional. Semejante elección viola el derecho a la autonomía reproductiva”.

La mayoría de críticas que están circulando por el país argumentan que restringir la libertad reproductiva no tiene nada que ver con la reinserción. Para ese propósito existen otros programas más éticos y efectivos, aquellos en los que se persiguen la capacitación laboral del preso.

Lo cierto es que la medida tiene un claro componente de coerción si tenemos en cuenta los condicionantes que interfieren en la toma de la decisión. Según la UCLA, el interno de largo plazo se expone a perder el coche, el trabajo o, incluso, la custodia de un hijo; por eso es fácil que se preste a participar en programas en los que, bajo otras circunstancias, jamás participaría.

Si repasamos la historia penitenciaria de Estados Unidos, podemos encontrar otros casos de esterilización ajenos a toda ética. Por ejemplo, de 2006 a 2010, al menos 148 reclusas de la ‘California Institution for Women’ en Corona y la ‘Valley State Prison Women’ en Chowchilla, en California, recibieron una ligadura de trompas sin el consentimiento adecuado.

En muchos de estos casos los médicos preguntaron por la intervención cuando las mujeres estaban en medio del parto. “Entonces hacemos la ligadura de trompas, ¿verdad?”, preguntó el doctor a la reclusa Kimberly Jeffery mientras permanecía atada en la mesa quirúrgica para recibir una cesárea. Más tarde, en 2015, una mujer con trastornos mentales en Nashville, Tennessee, logró un acuerdo de culpabilidad bajo la condición de que se sometiera a una intervención de esterilización.El fiscal del caso fue finalmente despedido, y la reclusa jamás se esterilizó.

Como vemos, llueve sobre mojado: aquel caso ocurrió a unas 100 millas del Condado de White.