Una decena de lucenses acaba de redactar la primera iniciativa legislativa popular (ILP) para que España legalice y regule la maternidad subrogada, más conocida como vientre de alquiler.

Su objetivo es ayudar a miles de españoles con problemas de fertilidad que a través de esta técnica de reproducción pueden ver cumplido su sueño de ser padres. ¿Su inspiración? El caso de Marta López, una mujer de O Corgo que vive una situación angustiosa tras un embarazo malogrado a dos semanas de dar a luz. Con 31 años, perdió el útero: sigue produciendo óvulos, pero no puede gestar. «Hoy la gestación por subrogación es una realidad tanto en España como en el entorno», señala la secretaria de la comisión que impulsa la ILP, Aurora González. Subraya que muchos españoles se desplazan al extranjero, a países como Estados Unidos, para llevar a cabo este tipo de tratamientos. El coste ronda los 100.000 euros. «Un precio que no pueden afrontar muchas personas», añade.

En este momento, la comisión debate los flecos de la ILP, que se puede consultar en su grupo de Facebook. En su elaboración ha sido crucial el abogado y politólogo Joan Cerdá Subirachs, especialista en derecho de familia. El principal debate que afrontan ahora es el aborto durante el proceso, ya que el texto de la ILP reconoce a la gestante el derecho de decidir. Sin embargo, otros creen que solo corresponde a los futuros padres.

200 fedatarios por toda España
Entre los apoyos a la ILP destaca el del director de la unidad de reproducción asistida de la clínica Teknon de Barcelona, Javier Nadal, del grupo de ética de la Sociedad Española de Fertilidad: «Es absolutamente justo. En este tema hay mucha hipocresía social», destacó.

Una vez que la Mesa del Congreso acepte la propuesta, los impulsores necesitarán reunir 500.000 firmas de apoyo en un plazo máximo de nueve meses. Para ello han puesto en marcha una red de fedatarios por toda España de la que ya forman parte unas 200 personas.